Para garantizar que los productores arroceros reciban un pago justo y que los consumidores accedan a un producto de calidad, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), junto a varias instituciones del Estado, intensificó los operativos de control en piladoras de arroz en el país, lo que ha resultado en la clausura de siete establecimientos y la notificación de decenas más por incumplimientos.
Los operativos verifican que se pague el precio mínimo de sustentación fijado en USD 36 para la saca de 205 libras (92,99 kg) de arroz cáscara grano largo y en USD 34 para la de grano corto, siempre con 20% de humedad y 5% de impurezas. Sin embargo, muchas piladoras no cumplen con esta normativa ni con los requisitos legales de funcionamiento, lo que motivó el cierre temporal de sus instalaciones.
En Guayas, entre enero y septiembre, se han inspeccionado 158 de las 181 piladoras activas. De estas, 41 fueron notificadas por no exhibir la tabla oficial de precios, carecer de permisos de funcionamiento o no contar con certificados de calibración de básculas y medidores de humedad. Arturo Ramírez, director distrital del MAGP en la provincia, aseguró que estos operativos buscan “garantizar la facturación correcta y el pago del precio mínimo de sustentación a los productores, mientras el SRI avala las ventas que se van recaudando”.
En Los Ríos, también preocupa. Desde agosto se han realizado 53 operativos y, en lo que va de septiembre, se clausuró una piladora en Babahoyo por incumplir normas de inocuidad alimentaria, tras encontrar excrementos, basura y animales en las áreas de procesamiento, lo que viola el Art. 146 de la Ley Orgánica de Salud. Además, cuatro piladoras fueron notificadas para obtener permisos, y otras cuatro recibieron observaciones sobre limpieza y control de plagas.
Jorge Fischer, director del MAGP en Los Ríos, informó que 40 técnicos están asignados para vigilar de manera permanente el cumplimiento de las normas en las piladoras de la provincia durante la cosecha del ciclo verano 2025. Su labor incluye revisar facturas, verificar la calibración de equipos de medición y asegurar que la tabla de precios esté expuesta al público.
La clausura de piladoras es una medida que busca proteger a los agricultores frente a prácticas desleales y asegurar que el arroz que llega a los hogares cumpla con los estándares de calidad e inocuidad. Con estos controles, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la transparencia en la cadena productiva arrocera, promoviendo un mercado más justo y seguro para todos.