A través del Acuerdo Ministerial 134, firmado el martes 29 de noviembre, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) declaró, por 90 días, el estado de emergencia zoosanitaria en el país tras detectarse el virus de influenza aviar altamente patógeno.
Mediante este documento, se implementan las medidas sanitarias para el control y la erradicación de la enfermedad en las zonas de intervención que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) determine.
Además, establece una cuarentena interna de las explotaciones pecuarias afectadas, identificadas y determinadas.
El titular del MAG, Bernardo Manzano, indicó que durante los siguientes 90 días no se podrá movilizar aves, productos y subproductos de origen aviar como huevos, gallinas, pollos, entre otros, de las granjas afectadas por el brote.
También recalcó que la influenza aviar no constituye un riesgo para la salud de quienes consumen huevos y carne de pollo. “El consumo de huevos y carne de pollo están garantizados”, enfatizó.
Manzano reiteró que se activaron todos los protocolos de control en el Plan Nacional de Contingencia de Influencia Aviar. Esto incluye puestos de control de aves y productos aviares en las principales vías de tránsito. También la desinfección de los vehículos en las zonas de control.
Además de cuarentena, vigilancia y muestreo de la población avícola susceptible de contagio en la zona. En el foco detectado existe apenas el 0.15% de la población avícola del país.
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“En el foco de contagio hemos implementado tres bloques de barreras de control: 30 técnicos estarán atendiendo en esos puntos los 7 días de la semana, las 24 horas del día”, acotó Manzano.
Como parte del protocolo de seguridad se sacrificarán alrededor de 180.000 aves que están en el foco detectado. En el país existen 263 millones de pollos y 16 millones de aves ponedoras, motivo por el cual no está en riesgo el abastecimiento de esta proteína en el país.
Por su parte, los representantes de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) instan a los productores para que reporten cualquier anomalía que detecten en sus animales de tal forma que se pueda actuar con la premura que se requiere.